lunes, 17 de mayo de 2010

Cómo asegurar el derecho de todos a una casa digna. Por: Julio Cobos

Por: Julio Cobos
Fuente: VICEPRESIDENTE DE LA NACION

Pensar en la casa propia es mucho más que pensar en ladrillos y en un techo. Es un proyecto de vida, la construcción del porvenir y la consolidación de una familia. Hablar de vivienda es hablar de sueños, esperanza y progreso. Es algo más complejo que una casa o un departamento, es poner en valor la vida, la salud, la tranquilidad y la dignidad de las personas. La vivienda es el bien social más apreciado y es una de las condiciones elementales para vivir con dignidad, crecer y desarrollarnos; además es la base de la constitución de la familia y una fuente importante de reactivación del empleo. La casa propia también conforma el sueño de un patrimonio y un legado para los hijos.

Por esto, cuando abordamos la problemática de la vivienda no debemos analizarla como un problema de infraestructura, sino como un verdadero problema social y cultural. Entonces, el primer paso para solucionar el déficit habitacional es lograr un cambio cultural. Es necesario incentivar el hábito del ahorro porque esta es la base para adquirir bienes en un plazo prolongado. Esto sólo no alcanza: desde el Estado deberían implementarse políticas de largo plazo que den garantía y previsibilidad a los ahorristas. Todo sistema de ahorro extendido en el tiempo se basa en la confianza y es el Estado quien debe otorgarla. En otros países, la cultura del ahorro está muy desarrollada en aspectos como la educación universitaria de los hijos. Argentina posee una ventaja comparativa, dado que la educación universitaria es gratuita, por lo que podría aplicarse un sistema similar destinado a resolver la problemática de la vivienda.

Si el ahorro surge de un cambio cultural y el Estado garantiza el sostenimiento de planes accesibles en los montos y perdurables en el tiempo, podemos pensar en una verdadera solución estructural de los problemas habitacionales de Argentina. Somos concientes de las dificultades existentes y sus consecuencias sociales: precariedad habitacional, hacinamiento y desalojos; situaciones que en una familia generan angustias, maltratos, insalubridad y que son en sí mismos cambios culturales negativos que quitan estabilidad, credibilidad y tranquilidad a nuestra sociedad. Estas falencias se superan con un proyecto integral, con una oferta diversificada y un fuerte apego a la realidad.

La realidad es que hoy tenemos una deuda interna importante: en Argentina existe un déficit habitacional de 1.100.000 viviendas nuevas y 2.400.000 soluciones habitacionales. Esto genera que millones de personas no tengan techo o que éste sea inadecuado. Sumado a que más del 25% de la población no tiene agua potable (aproximadamente 10 millones de personas) y el 55% (más de 20.000.000 de habitantes) no posee cloacas. Vivienda, agua potable y cloacas constituyen la deuda interna de mayor magnitud con nuestros habitantes. Esta es la realidad y cambiarla es el desafío.

Deberíamos poner en marcha un verdadero plan integral y federal de viviendas, que comprenda los servicios de agua potable y cloacas. Con las políticas actuales y el crecimiento demográfico proyectado, las soluciones habitacionales pueden demandarnos cinco o seis décadas. El éxito de los programas de viviendas depende de un sistema financiero confiable, amplio y no especulativo, orientando el ahorro hacia actividades productivas. Para ello es prioritario reconstruir la credibilidad del INDEC y generar previsibilidad en el mercado; de este modo podremos obtener los recursos necesarios y a tasas razonables.

Una buena iniciativa sería constituir un Fondo Nacional de la Vivienda que cuente con recursos adecuados y permanentes. Los fondos serían girados a las provincias de acuerdo a índices de distribución explícitos y objetivos. Estos se construirán en base a datos ciertos sobre la realidad habitacional de cada jurisdicción e incluirán la cobertura de servicios básicos. A su vez, cada provincia puede constituir su propio Fondo Provincial, incrementando así los que reciban de la Nación. Los distintos programas para comprar vivienda, lotes con servicios, o realizar ampliaciones y mejoras, deben estar destinados a todos los sectores, pero adecuados a su capacidad de ingresos y ahorros. Esta política de vivienda tiene otro eje fundamental: la sanción de un marco jurídico que consolide el derecho constitucional del acceso con esfuerzo a una vivienda digna. El mismo debería contemplar el acceso a la tierra y la función social de la propiedad, el ordenamiento territorial y urbano y el acceso a los servicios públicos.

Asimismo, se debe priorizar la obtención de fondos estables incrementados, coparticipables federalmente, con mecanismos de ahorro y esfuerzo garantizados y la descentralización y fortalecimiento del rol municipal.

Apostemos fuertemente, con convicción, inteligencia y pluralismo, al diálogo propositivo, al consenso constructivo y a los acuerdos transparentes. Definidos los planes y programas a largo plazo, se deben sostener en el tiempo, más allá del gobierno de turno. Sería ideal que este compromiso comprenda a las fuerzas políticas, a los actores sociales, las empresas vinculadas al tema y al sistema financiero.

El actual déficit de vivienda y servicios básicos constituye una deuda permanente para con los sectores más débiles de nuestra sociedad, una falta de horizonte para los más jóvenes y una asignatura pendiente de toda la clase gobernante. Que cada argentino tenga un techo para poder formar un hogar es una tarea difícil pero no imposible y depende, en gran medida, de nuestra capacidad de trabajar juntos por el bienestar general de nuestra sociedad.

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