Por: Florencia Arbeleche
Julio Cobos intentará terminar de definir esta semana el proyecto de ley que busca asignar a las provincias unos $ 20.000 millones extras derivados del aumento de la masa primaria del impuesto al cheque y una suba en el financiamiento de la AFIP.
El miércoles, el vicepresidente y su equipo técnico le darán las puntadas finales a esta apuesta, para comenzar luego a buscar el respaldo de los gobernadores, especialmente los del PJ. La idea -aseguran en el entorno de Cobos- es bien vista por buena parte de los mandatarios, que vienen reclamando una rediscusión de la Ley de Coparticipación y una distribución más equitativa de los fondos que maneja el Estado nacional.
Los encargados de pulir la propuesta y de someterla a discusión en el Congreso serán el ex ministro de Hacienda mendocino Enrique Vaquié, Raúl Baglini y la senadora Laura Montero.
El proyecto intenta zanjar la eterna discusión entre la Casa Rosada y los Estados subnacionales sobre la distribución de ingresos derivados de la recaudación nacional.
Sin embargo, hay quienes piensan que, de aprobarse, se convertirá en un nuevo parche a la Ley de Coparticipación, modificada íntegramente a través de la Ley 23.548 en 1988 y postergada nuevamente desde 1994 hasta la fecha.
La Ley de Coparticipación es una ley convenio y, por lo tanto, necesita del aval parlamentario de todas las provincias, una proyección difícil de imaginar en el actual esquema político.
En la construcción de poder de Cobos hacia 2011 y dentro del enrarecido mapa político, la idea de mejorar en buena medida la situación financiera de las provincias disminuyendo la dependencia con el Gobierno central aparece como una propuesta tentadora para muchos caciques del interior.
El chubutense Mario Das Neves (PJ), el socialista de Santa Fe Hermes Binner, el cordobés Juan Schiaretti (PJ), el radical de Catamarca Eduardo Brizuela del Moral, el puntano Alberto Rodríguez Saá, y hasta el bonaerense Daniel Scioli vienen reclamando una discusión seria en el Congreso de la ley que regula mes a mes las transferencias automáticas de fondos a las provincias. Incluso, algunos llevaron su pataleo por la inequidad en el reparto hasta la Corte Suprema de Justicia.
El fin de semana, en tanto, la gobernadora de Tierra del Fuego, la arista Fabiana Ríos, inauguró la reunión plenaria del comité ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos y planteó allí que la distribución de los fondos que maneja el Gobierno nacional tenga «el mayor y mejor criterio de justicia».
Por eso, el objetivo del cobismo es capitalizar estos reclamos y hacerlos extensivos a las Cámaras legislativas, para que en marzo próximo sancionen la iniciativa con mayoría simple.
En los últimos meses las provincias sufrieron el recorte y la resignación de partidas por cerca de $ 15.000 millones, según estimaciones de la consultora Economía y Regiones y del economista Nadín Argañaraz.
El proyecto del vicepresidente calca el esquema aplicado por Cobos en 2006 cuando era gobernador de Mendoza. Con rápido aval de la Legislatura (algo que a nivel nacional parece difícil de lograr), aumentó a los municipios $ 17 millones en concepto de coparticipación a través de la creación del Fondo de Infraestructura Municipal. Para ello instruyó al por entonces ministro de Hacienda, Vaquié, para que calcule los montos anuales presupuestados en relación con la coparticipación municipal y nacional, las regalías petroleras, la recaudación de Ingresos Brutos y lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario. El plan resultó un éxito, pero comprometió, por caso, a la actual gestión de Celso Jaque a continuar con dicho diagrama en un contexto económico y político desfavorable.
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