Argentina y Mendoza en particular, se encuentran en medio de discusiones estériles, impuestas desde el oficialismo, que pretende ocultar los problemas reales. Esta forma de actuar ya es una característica propia del denominado “Modelo”: negar, ocultar y no enfrentar los problemas y generar distintos mecanismos de acumulación de poder, que degradan la calidad institucional de la República.
El oficialismo ha impulsado un marcado proceso de “desconstitucionalización”, caracterizado por: el dictado de leyes (con una mayoría parlamentaria adicta que no abre los proyectos a la participación de las minorías) que anulan o modifican el contenido de disposiciones constitucionales expresas; o por la omisión del dictado de otras que impiden que ciertas disposiciones constitucionales cobren operatividad. Ejemplos de las primeras son la modificación del Consejo de la Magistratura, la eliminación de la Comisión que garantiza la aplicación de la ley de ética publica, la modificación de la Carta Orgánica del B.C.R.A. que consagró la dependencia del Banco del Poder Ejecutivo y desdibujó su rol fundamental en la defensa del valor de la moneda y la ley Nº 26122 que regula el dictado de los DNU. Ejemplos de las omisiones constitucionales, son la falta de la ley del Defensor del pueblo, de la Auditoria General de la Nación y de creación del organismo Fiscal Federal, entre otras.
La idea de eternizarse en el poder se inserta en un modelo cada vez más autoritario que promueve el adoctrinamiento en las escuelas, la utilización de los fondos de los jubilados para otros fines, el encubrimiento de funcionarios y jueces corruptos, la mentira como sistema permanente para ocultar el deterioro salarial y la inflación, la utilización indiscriminada de cadenas nacionales para difundir esas mentiras y agredir a la oposición y a la ciudadanía en general, la intención de monopolizar los medios de comunicación, el avance sobre la Auditoría General de la Nación, entre muchas cosas más, muestran la clara intención de lograr una hegemonía política personalista que abusa del poder.
El proceso de supuesta “democratización de la justicia” constituye un atropello del poder ejecutivo sobre el judicial, alterando el principio de la independencia de poderes. El daño institucional generado por esta batería de leyes es tal, que las mismas deben ser frenadas por la justicia y derogadas en el Parlamento.
Este contexto nacional se replica en Mendoza, ya que el justicialismo ha convertido al Gobernador en un mero delegado que cumple las funciones de representante del Gobierno Nacional en Mendoza, lesionando la institucionalidad característica de nuestra provincia. Con estos rasgos de autoritarismo en medio de un proyecto totalitario, que se sintetiza en el “vamos por todo” y se manifiesta en el abuso de poder, no es posible habilitar la reforma de la Constitución Nacional o de la Constitución Provincial. Lo necesario en este momento es profundizar la democracia, perfeccionar la representación y garantizar la transparencia del sistema electoral.
La UCR mendocina ha conseguido mantenerse firme y ser una alternativa válida de poder en nuestra provincia. Esta es nuestra misión. Hoy comenzamos a recorrer el camino del cambio, trabajando juntos, queremos ser la expresión de la ciudadanía que quiere el pleno estado de derecho, el respeto a las instituciones republicanas y el control de los abusos de poder.
Siempre hemos bregado por la continuidad y construcción de políticas de Estado y también hemos dicho que cada gestión debe continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y proponer lo que se crea conveniente para el futuro. El actual gobierno construye su discurso con lo malo del pasado y lo bueno supuesto del presente. Nosotros, vamos a tomar la deuda del presente y construir la esperanza del futuro. Se puede; por esta razón primero, Julio en Agosto y luego, Cobos en octubre.
Saludos a todos, mañana comenzamos a difundir las propuestas institucionales.
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